Ayer, 20 de junio, tras más de 80 horas de bloqueo en la autopista Arco Norte, ejidatarios de los estados de Tlaxcala, Hidalgo y México acordaron retirarse del kilómetro 148. El levantamiento del bloqueo se logró después de más de seis horas de reunión entre los comuneros y representantes de la Secretaría de Gobernación federal.
Contexto del Bloqueo
El bloqueo, iniciado el 17 de junio a la altura del kilómetro 156+300, fue una protesta de los ejidatarios para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con sus terrenos colindantes con la vía de cuota. Los manifestantes alegaban que sus tierras habían sido afectadas por la construcción y operación de la autopista sin una compensación adecuada.
Acuerdo Alcanzado
Tras las largas horas de negociaciones, se informó de un acuerdo que incluye un adelanto de pago programado para finales de julio. Este adelanto pretende compensar a los ejidatarios por las afectaciones a sus tierras y es un paso significativo hacia la resolución del conflicto.
Impacto del Bloqueo
Durante el bloqueo, la fila de transportistas alcanzó hasta 30 kilómetros, afectando gravemente el tráfico de carga en la región. La autopista Arco Norte es una vía crucial para el transporte de mercancías, ya que conecta con importantes autopistas como México-Querétaro, México-Pachuca, México-Tulancingo y México-Puebla. Esta ruta es frecuentemente utilizada por transportistas para evitar las vialidades más congestionadas del centro del país.
Reacciones y Expectativas
La noticia del acuerdo ha sido bien recibida por los transportistas, quienes habían expresado su frustración por las largas horas de espera y las pérdidas económicas derivadas del bloqueo. La intervención de la Secretaría de Gobernación y la disposición de los ejidatarios a negociar han sido cruciales para poner fin a esta situación.
Conclusión
El fin del bloqueo en la autopista Arco Norte representa un alivio para el sector del transporte de carga y una señal positiva de que los conflictos pueden resolverse a través del diálogo y la negociación. El acuerdo alcanzado ofrece una solución provisional que, si se cumple, podría sentar las bases para una relación más armoniosa entre las autoridades y las comunidades afectadas por proyectos de infraestructura en el futuro.
